6/3/12

Los negocios del "socialismo" de Binner

Me ha llegado, por mail un artículo que publicó Redacción Rosario sobre uno de los negocios turbios de pulcro señor que dirige el "sojalismo" Santafesino, tan apegado a dar consejos de honestidad y seriedad.
La comparto con ustedes.

Subsidios, aumento de tarifa a los usuarios y cargos sin concurso.

La familia socialista y la crisis energética

Tras la reunión en la Legislatura, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, Antonio Ciancio, reconoció que su hijo y familiares de otros integrantes de la administración pública tienen puestos en la Empresa Provincial de la Energía. El revuelo que esto suscitó no permitió que se abordaran los temas previstos para el encuentro: entre los más urticantes, el oficialismo debía dar explicaciones sobre la decisión de invertir sólo un 60 por ciento del total presupuestado durante la gestión de Hermes Binner, recorte que fue denunciado por el legislador justicialista Mario Lacava y que, según este último, explicaría en buena medida la catarata de problemas en el abastecimiento energético que se viene dando en la provincia.

Tema central del encuentro iba a ser la defensa de la gestión socialista sobre la Empresa Provincial de la Energía, ante los cuestionamientos de la oposición iniciados por la denuncia de Lacava, quien con números en la mano había fundamentado la crisis en el servicio eléctrico en la desinversión sistemática durante la pasada gestión.

Sin embargo, la discusión cambió el eje cuando Ciancio y jefe de la EPE, Daniel Cantalejo, anunciaron el pedido de creación de nuevos cargos. Allí la diputada María Eugenia Bielsa interpeló al ministro, ya que en la EPE no hay concurso y rige un sistema de bolsa de trabajo, en el que se privilegia a los hijos de los actuales empleados. Así fue que éste admitió que hijos de funcionarios del actual gobierno –incluido uno suyo– ingresaron a la firma provincial en los últimos años.

Lo cierto es que los legisladores de los bloques opositores no se quedaron conformes con los resultados de la reunión ya que no se cumplió con los temas centrales a discutir, que son el aumento irrisorio del 23 por ciento de la tarifa, el recorte de inversión, y la sanción por parte de Nación.

En este sentido el Ejecutivo provincial ya había alegado que no podrá realizar las inversiones previstas para 2012 en el área energética a causa de la quita de subsidio impuesta a la EPE por el Poder Ejecutivo Nacional. El origen de esa penalidad radica en el incremento arbitrario e inconsulto de la tarifa eléctrica a los usuarios santafesinos.

Asímismo la Secretaría de Energía de la Nación otorgó en 2011 subsidios por un total de 2.271 millones de pesos al Gobierno Provincial. A pesar de ello, la EPE aplicó un aumento a los usuarios, ya que en diciembre incrementó un 13,4 por ciento sus tarifas y en marzo sumará otra suba del 9,8 por ciento.

La quita de subsidio que aplica la Nación a la EPE está directamente relacionada con ese aumento, precisamente porque los subsidios son otorgados para impedir aumentos que perjudiquen a los usuarios.

Los 2.271 millones de pesos de subsidio anual es lo que debería pagar la EPE al mercado eléctrico por la energía que compra para distribuir en la provincia, pero el Estado Nacional se hace cargo de esa diferencia y evita que ese mayor costo sea trasladado a los usuarios.

Es por ello que el Estado Nacional decidió reducir el subsidio de 2.271 millones de pesos a 2.031 millones, teniendo en cuenta esos 240 millones de pesos del impacto anual del aumento tarifario aprobado para la EPE. De este modo la reducción del subsidio no debería impactar de modo alguno en el plan de inversiones energéticas previsto para 2012.

No obstante, horas después de la frustrada reunión con los legisladores provinciales, Ciancio anunció que la Cámara Federal de Rosario falló a favor del Gobierno de Santa Fe e invalidó la sanción impuesta por la Secretaría de Energía de la Nación, a través de Cammesa (Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico SA) a la EPE al entender los jueces que "las tarifas del servicio no son potestad del Estado nacional, como tampoco su política de inversiones".